La Justicia argentina analiza por estas horas la posibilidad de otorgar el arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida aún no está definida, pero fuentes cercanas al tribunal sugieren que podría concederse, aunque con ciertas restricciones para evitar manifestaciones públicas desde su domicilio.
El juez Jorge Gorini, junto a sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tiene en sus manos la decisión final. Mientras se espera el dictamen del fiscal Diego Luciani, ya existe un informe técnico que confirma que el domicilio de la exmandataria, en el barrio porteño de Constitución, es apto para cumplir con el régimen de prisión domiciliaria.
Uno de los puntos que más debate genera entre los magistrados es el impacto que la presencia de la ex presidenta puede tener en el vecindario, teniendo en cuenta las constantes movilizaciones y expresiones de apoyo desde que se confirmó el fallo. De hecho, la Policía de la Ciudad ya debió intervenir para desmontar estructuras, carpas y banderas instaladas por sus seguidores.
En este contexto, Gorini evalúa imponer condiciones como la restricción del uso de redes sociales o limitar sus apariciones en el balcón, que ha sido utilizado por Fernández de Kirchner para expresarse públicamente. Sin embargo, resulta jurídicamente complejo prohibirle el uso de una parte de su domicilio, y más aún cuando el delito por el cual fue condenada no tiene vínculo con las redes o internet.
Otro aspecto en análisis es la cantidad de personas que podrán visitarla durante su detención domiciliaria, y si corresponde establecer un tope. En cuanto al control del cumplimiento, se realizaría mediante una tobillera electrónica, ya que no se dispone de personal penitenciario para esta tarea. No obstante, por su condición de expresidenta, Cristina cuenta con custodia oficial permanente, lo cual es uno de los fundamentos esgrimidos por su defensa, especialmente tras el atentado que sufrió en 2022.
El tema también ha encendido las alarmas en el Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró: “Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón”.
En paralelo, desde el kirchnerismo se prepara una movilización para el miércoles hacia Comodoro Py, día en que la propia Cristina adelantó que se presentará. Con el objetivo de desactivar esta marcha, la Justicia podría anticipar la notificación por vía electrónica, buscando neutralizar el motivo de la convocatoria. Aun así, desde los sectores más cercanos a la ex presidenta aseguraron que la movilización se llevará a cabo "pase lo que pase".
Desde ROJAS VIRTUAL seguiremos de cerca la evolución de este proceso que mantiene en vilo tanto a la política nacional como a la ciudadanía.
Redacción de Rojas Virtual del Grupo de Medios infopba.com
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